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Firma de la adhesión a la CEE

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Crecimiento de Europa

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Precedentes históricos

La ausencia de un régimen democrático en nuestro país impedía la entrada de España en las Comunidades Europeas como miembro de pleno derecho. La Solicitud del Gobierno español al Consejo de la CEE de 9 de febrero de 1962, tuvo un resultado meramente comercial, con la firma, el 29 de junio de 1970, de un Acuerdo comercial preferencial y de un Protocolo el 29 de enero de 1973.

La Transición pacífica. Impulso democrático de España

Posteriormente, ya en plena transición española a la democracia y mediante la Solicitud del   Gobierno español al Consejo de 26 de julio de 1977, se inició formalmente el proceso que culminaría con la entrada de España en la CEE. La democracia posibilitó la incorporación de España a la deseada homologación con los países de nuestro entorno europeo. Con el Gobierno de Adolfo Suárez, el considerable impulso dado a las relaciones con Europa permite situar a España como país europeo, democrático y occidental. Se abrió así un diálogo directo y decidido que condujo a la apertura de las negociaciones de adhesión de España a la Comunidad.

España inicia así una política exterior que tiene por pilares los comunes valores europeos y el
respeto de la dignidad de la persona.

Entre 1977 y 1980, España ratificó los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y de Derechos Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, se convirtió en miembro del Consejo de Europa y firmó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. También suscribió la Carta Social Europea y formuló la Declaración reconociendo la competencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos para tramitar demandas de particulares. El 5 de febrero de 1979 se abrieron las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas. La consecución de una Europa unida no se podía concebir sin incluir a España y Portugal en el seno de las Instituciones comunitarias.

El proceso español de transición a la democracia fue alentado por las Comunidades Europeas y por toda la Europa política en general. Los sucesivos Gobiernos españoles trabajaron arduamente en la materialización de las diferentes fases de la incorporación de España a la Europa comunitaria.

En el camino de la adhesión

Las negociaciones para la adhesión de España se prolongaron durante siete aLa entrada de España y Portugal en la Europa comunitaria suponía un considerable aumento de la población sujeta a los derechos y obligaciones emanantes de los Tratados Fundacionales.
Concretamente la Comunidad Económica Europea contaría con 329 millones de habitantes, por lo que era necesaria una reforma institucional y económica para la integración de los dos países ibéricos en la CEE. La adaptación de las estructuras y la producción agrarias españolas al sistema agrario común, la reducción de la cuota pesquera, y la adaptación de las estructuras económicas españolas, fueron los temas principales en las sucesivas rondas de negociación. Los Gobiernos de Leopoldo Calvo-Sotelo, con quien España ingresó en la OTAN, y de Felipe González, condujeron las negociaciones con la Comunidad. Tras largas negociaciones, el presidente del Gobierno, Felipe González firmó en Madrid, el 12 de junio de 1985, el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas.

La Comunidad Europea tras la incorporación de la Península Ibérica 


Tras la incorporación de España y Portugal se produjeron varios cambios institucionales como consecuencia de la adaptación de la Comunidad a la adhesión de la Península Ibérica:
En el Consejo: España, como quinto país mas poblado de la Comunidad obtuvo ocho votos en el Consejo, frente a los diez de los “cuatro grandes”. La mayoría cualificada quedó establecida en 54 votos.


En la Comisión: La Comisión Europea pasó a estar integrada por 17 Comisarios, de los que dos serían españoles: Manuel Marín y Abel Matutes. Con ello se reconocía el estatus de “grande” a nuestro país en el seno de la Comisión.


En el Parlamento: España estaría representada por 60 eurodiputados sobre un total de 518
escaños. El Acta de Adhesión contemplaba un plazo de dos años para que mediante sufragio
universal España y Portugal celebraran elecciones al Parlamento Europeo. El 10 de junio de 1987 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento Europeo en España. En 1989, Enrique Barón sería elegido Presidente del Parlamento Europeo (1989 – 1992).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: el número de Jueces pasó de 11 a 13, y el número de Abogados Generales de 5 a 6.


En el Comité Económico y Social: España contaría con 21 miembros. En el Tribunal de Cuentas: La representación de los Estados miembros en esta institución quedó fijada en un representante por país.


En el Banco Europeo de Inversiones: Se pasó de cinco vicepresidentes a seis (hoy siete), siendo la nueva Vicepresidencia compartida entre España y Portugal. En el Consejo de Administración, a España le fueron atribuidos dos puestos de administradores y a Portugal uno, compartiendo ambos países un suplente. El Gobernador español del Banco es el vicepresidente segundo y ministro de Economía.


El éxito de la integración. España como ejemplo


La satisfactoria integración de España en la Unión Europea ha sido reconocida internacionalmente. Tras diez años de profundas reformas económicas e institucionales en el seno de la Unión, la Presidencia Española de la UE en 1995, en el Consejo Europeo de Madrid, adopta el calendario de introducción del Euro como programa de paso a la moneda única, que entró en vigor formalmente en el espacio europeo el 1 de enero de 2002, coincidiendo de nuevo con la Presidencia Española.

Los criterios de convergencia fijados en Maastricht como parámetros indispensables para la
consecución de la Unión Monetaria supusieron la transformación de la economía española en una de las economías más competitivas de Europa. El grueso del ajuste se efectuó en el bienio 1997 – 1998 en un contexto nacional de recuperación de la economía y de intensa creación de empleo. Un rasgo novedoso fue la estabilización de los precios. España es hoy en día un país que desempeña un papel activo en el proceso de construcción de la Unión Europea, tanto en el ámbito económico como político.


Entre las iniciativas impulsadas en los esos años por España en el seno de la UE destacan el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y el Proceso de Lisboa para la reforma económica y la cohesión en Europa. Asimismo, España cuenta con contingentes desplazados en misiones
humanitarias y de mantenimiento de la paz impulsadas tanto por la UE, como por la OTAN y la ONU, participando como actor privilegiado en la escena internacional, lo que ha supuesto la primera participación en la historia de tropas españolas en organismos internacionales. En materia de ampliación, España ha apoyado siempre las aspiraciones de los países candidatos, defendiendo la necesidad de la extensión de la UE a los países de Europa Central y Oriental y a los países candidatos del Mediterráneo.


España supone tanto un ejemplo de adaptación al sistema supranacional europeo como de
transición pacífica a la democracia, lo que la ha convertido en obligado punto de referencia para numerosos países en proceso de democratización ó deseosos de incorporarse a la Unión Europea.


España en las Instituciones Europeas España en las instituciones comunitarias


Uno de los objetivos de la política exterior española, compartido todos por los partidos políticos y agentes sociales desde la transición democrática, es la integración de España en las llamadas Comunidades Europeas, hoy Unión Europea (UE). España ingresa como miembro de pleno derecho en las Comunidades el 1 de enero de 1986. Desde
entonces participa de forma activa en el proceso de construcción europea junto a los demás países miembros.


Su incorporación coincidió con una de las etapas en la que las Comunidades Europeas dan mayor impulso a sus objetivos de avanzar hacia una efectiva integración económica y monetaria. Al mismo tiempo, los doce Estados entonces miembros dan los primeros pasos para una mayor cooperación política entre ellos.


El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992, supuso, el avance más claro y de mayor trascendencia en el proceso de integración económica y política de Europa.
Este Tratado consagro la creación, en distintas fases, de la Unión Económica y Monetaria, con una moneda y un banco central comunes. Para tal fin, se establecen unos criterios de convergencia económica que deben cumplir los países aspirantes a formar parte de esa Unión.
El Gobierno de España se fija desde entonces como objetivo primordial de su política económica cumplir dichos requisitos para formar parte del grupo de países que integren, desde el primer momento, la unión económica y monetaria.


Conseguido el marco de estabilidad económica requerida, el 1 de enero de 1999, España adopta la moneda común europea, junto con otros once Estados miembros de la UE. La entrada en vigor del euro y del Banco Central Europeo marca un hito histórico sin precedentes en el avance hacia una     Europa cada vez más unida. La Unión Económica y Monetaria se convierte en una realidad que contribuye decisivamente a hacer más sólidas y competitivas las economías de los países integrados en ella.


El 1 de mayo de 1999 entró en vigor el Tratado de Amsterdam, que supuso un nuevo avance en la construcción europea, reforzando las políticas comunitarias marcadas ya en el Tratado de la Unión, en especial mediante el establecimiento de una política de empleo y la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los quince Estados miembros de la Unión Europea acordaron en diciembre de 2000, el Tratado de Niza,

 Participación activa de España en la UE 

España es el segundo país de los quince miembros actuales de la Unión Europea en extensión
geográfica y ocupa el quinto lugar en número de habitantes. Su posición geográfica en el sudoeste
del continente europeo le hace situarse como país puente con los de la ribera sur del mar
Mediterráneo y el norte de África y, por tradición histórica y cultural, con los países
iberoamericanos. En este sentido, España ha manifestado un particular protagonismo y ha
desplegado una especial actividad en: Implantación y consolidación de la idea de La Europa de los Ciudadanos y su desarrollo con
medidas concretas (concepto de ‘ciudadanía europea’ pasaporte europeo, etc.).


Postulación de la Europa social, paralelamente a la idea de la Europa económica y monetaria: defensa y aplicación de la cohesión económica y social de la Unión Europea y de la creación de empleo, como motor de esa cohesión.


Énfasis en el desarrollo de la política europea común en los asuntos de Justicia e Interior, en
particular para la lucha contra la delincuencia internacional organizada, contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de establecer progresivamente un “espacio de libertad, de seguridad y de justicia” común.


Proceso de desarrollo e institucionalización de las relaciones entre la UE y América Latina, cuyo máximo exponente ha sido la cumbre euro-iberoamericana de Río de Janeiro, en 1999.
Estabilidad política en la cuenca mediterránea: intensificación de los lazos de cooperación con los países mediterráneos del norte de África; labor de mediación activa en el proceso de paz de Oriente Próximo; celebración de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo, en Barcelona.


Desde su incorporación en 1986, España ha presidido por turno la Unión Europea en tres ocasiones: 

Primer semestre de 1989. En la Cumbre de Madrid del mes de junio se aprueba el “informe Delors”, que conduciría al Tratado de la Unión Europea o de Maastricht, de 1992.
Segundo semestre de 1995. El Consejo Europeo de Madrid, celebrado en Diciembre, decide el nombre de la futura moneda europea: euro.


El impacto de las políticas comunitarias


La integración de España en la Unión Europea en 1986 ha supuesto un factor de modernización decisivo para la economía española. Junto al Plan de Estabilización de 1959 y la entrada en los organismos económicos internacionales, la incorporación a la UE ha sido, sin duda, el acontecimiento más importante de la historia económica reciente de España.
Como condición previa a su entrada, España, al igual que lo hicieron Reino Unido, Irlanda y
Dinamarca anteriormente, tuvo que aceptar en su integridad el acervo comunitario. La
incorporación a la legislación nacional de más de 60.000 páginas de acervo ha supuesto un cambio
importante en la vida económica española, que abarca desde el marco jurídico en que se
desenvuelve la actividad empresarial, hasta el proceso de toma de decisiones en numerosos ámbitos de la política económica,
sin olvidar los necesarios ajustes que vienen exigiendo los procesos de liberalización relacionados con la construcción del Mercado Interior y la disciplina fiscal que reclama la moneda única. El esfuerzo en la aplicación del acervo continúa hoy ante el creciente volumen de legislación que genera la UE y España viene situándose en el grupo de cabeza del “scoreboard” de transposición de directivas en los 15 Estados miembros que publica periódicamente la Comisión Europea.


Los hechos han venido a confirmar el acierto de anclar la orientación de la política económica doméstica en el proyecto de integración europea, a pesar de los retos y las dificultades que ello comportaba: España disfruta hoy de un crecimiento medio anual considerable y superior a la media de la UE, unas cuentas públicas saneadas y un ritmo sostenido de creación de empleo. Dicho crecimiento ha permitido acercar la renta per capita española a la media europea a razón de cerca
de un punto por año, proceso en el que han desempeñado un papel fundamental los fondos de
cohesión y estructurales de la UE. El PIB per capita respecto a la media de la UE ha pasado de estar en el 72,5 por ciento en 1988 al actual 83 por ciento.


Asimismo se ha registrado un gradual proceso de apertura económica. Cabe destacar el
espectacular aumento de los intercambios comerciales, así como de la
inversión extranjera directa en España y vice-versa, lo que sitúa al país como sexto inversor
mundial.


El impacto de las políticas de la UE en España se extiende a otros muchos sectores productivos y extractivos, algunos de los cuales han, o están experimentado, procesos de reestructuración. Los efectos negativos de las necesarias reestructuraciones en sectores como el pesquero, carbón y acero, o astilleros han podido ser mitigados mediante el establecimiento de periodos transitorios, además de la canalización de fondos comunitarios específicos.


En el ámbito de la agricultura, la aplicación de la reforma de la PAC ha dado lugar a alteraciones importantes en la especialización de la producción y en las técnicas productivas que se han traducido en un continuo aumento de la renta por ocupado en los últimos años.
En la industria y en las finanzas han tenido especial incidencia los procesos de privatización y de fusiones y absorciones, que, junto al desarrollo de las tecnologías de la información, permiten a las empresas españolas y europeas competir en la nueva economía globalizada.


Los servicios vienen siendo el núcleo central de las políticas comunitarias de desregulación y
liberalización, que se han traducido en mayores posibilidades de elección para el consumidor y tarifas reducidas en mercados como el de las telecomunicaciones o el de la energía.


El ingreso de España en la UE ha beneficiado al ciudadano en otros campos, sea el social, cultural, o la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
Cabe destacar los avances en la promoción de la igualdad hombre-mujer, las posibilidades que se han abierto a los jóvenes a través de programas educativos como Erasmus o Lingua, y el incremento de los gastos en I+D, debido en gran parte, al efecto de arrastre de los programas marco comunitarios de los que España ha conseguido crecientes beneficios.


En el aspecto medioambiental la adhesión ha obligado a España a realizar un gran esfuerzo y así, se pasó, en los primeros diez años de pertenencia a la UE, de 375.000 hectáreas de espacios naturales protegidos a 2.800.000 hectáreas. Pero la trascendencia de lo conseguido ha ido más allá de unos datos favorables y ha supuesto una
profunda modificación de las orientaciones de la economía española que lastraban el esfuerzo por acortar las distancias que la separaban de los niveles de renta y bienestar de las economías europeas.


Con la entrada de España en el grupo de cabeza de la Unión Económica y Monetaria ha culminado la larga batalla por instaurar un régimen de funcionamiento macroeconómico basado en la estabilidad de los precios, se han restablecido los mecanismos de disciplina presupuestaria que obligan a la eliminación de los déficit como norma tendencial en el comportamiento de las finanzas públicas y se han hecho patentes las necesidades de reformas estructurales que fortalecen la competencia y el ajuste flexible de los mercados.


El que este gran esfuerzo de convergencia haya sido asumido y compartido por los distintos
sectores de la economía española es buen reflejo de la intensa vocación europea de la sociedad española.

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